El auto en el que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado justifica su decisión de citar como investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el próximo 29 de enero, va más allá de considerar apuntalada su participación en un delito de revelación de secretos y pone negro sobre blanco otros aspectos que han salido a relucir en su investigación. Entre ellos, las gestiones realizadas desde Moncloa para filtrar a un medio digital afín el correo en el que desde la defensa de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se proponía a la Fiscalía un pacto para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda.
En su resolución, el instructor indica expresamente que “desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio ElPlural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados”. Se trata del mismo correo que muestra en la Asamblea de Madrid el ya exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato –que ya ha declarado como testigo en la causa– y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia.
Concretamente, afirma que “con salida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación elplural.com”. Agrega además que desde Presidencia del Gobierno se hicieron “gestiones” para que se publicara.
Participación de Lobato
Hurtado realiza un provisional relato de hechos en su auto, fruto de sus pesquisas, declaraciones de testigo y resultadode los informes de la Guardia Civil en el que señala que, “llegado a Presidencia del Gobierno”, el citado correo electrónico “se puso a disposición del testigo Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política, en la intervención que tendría la mañana del día 14 (de marzo) en el Pleno de dicha asamblea”.
Sobre esto, destaca que Lobato, “en una primera transmisión que recibe de él, plantea sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo, pues, como diría en el WhatsApp que envía a las 08:44:19: ‘Porque si no parece q me la ha dado la fiscalía’; o en el que envía a las 09:00:49: ‘Y pilar quiere q yo saque el mail de fiscalía. Q no ha salido, pero que lo saque yo. No puede ser'”.
El instructor señala que, “ante estas circunstancias, desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio elplural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia”.
El e-mail al que se refiere Hurtado es el enviado el 2 de febrero por la defensa de González Amador al fiscal que le investigaba, Julián Salto, donde se ofrece a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo. Las informaciones sobre estas negociaciones empezaron a las 21:29 horas del 13 de marzo, –cuando el diario El Mundo publicó la posibilidad del pacto pero atribuyendo la iniciativa inicial a la Fiscalía– , y fue alas 14:20 del 14 de marzo Fiscalía cuando emitió una nota de prensa dando cuenta del cruce de correos electrónicos entre la defensa y Salto para aclarar que fue la defensa quien tomó la iniciativa.
Asesores implicados
Tal y como informó este diario, investigación que realiza el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha llegado a salpicar a varios cargos de Moncloa e incluso a dos miembros del Gobierno como son los dos últimos secretarios de Estado de Comunicación, Francesc Vallés –que ejerció esta labor hasta el pasado 3 de diciembre– e Ion Antolín, que fue quien le sucedió y dimitió este lunes alegando problemas de salud.
Según uno de los informes realizados por la Guardia Civil que ya obra en manos del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, tanto Vallés como Antolín (director de comunicación del PSOE en el momento de los hechos); y también la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada y la mencionada Pilar Sánchez Acera “pretendían” que el exlíder del PSOE en Madrid Juan Lobato utilizara en un debate en la Asamblea de Madrid el correo electrónico con datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso, que le había sido remitido desde Moncloa, reconociendo que había cometido delitos contra Hacienda. La filtración de dicho documento es lo que se investiga en el alto tribunal como un delito de revelación de secretos.
Los indicios son especialmente relevantes, según los investigadores, en el caso de Vallés, de quien apuntan en su informe que podría tener un “rol superior de coordinación respecto a la información” que se manejaba en Moncloa y el PSOE sobre la pareja de la presidenta Díaz Ayuso, concretamente sobre el documento que habría enviado la defensa del empresario González Amador a la Fiscalía de Madrid proponiendo un pacto para asumir sus delitos contra Hacienda, pagar y evitar así llegar a juicio.