La vicesecretaria del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha evitado entrar a valorar la declaración ante el juez de Juan Lobato para “no desviar la atención” de la situación procesal del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Durante el arranque del congreso federal, Montero ha apuntado que, “más allá de Lobato” el origen de este caso es que “Ayuso miente respecto a la situación de su pareja”. Tras ello ha señalado también a su jefe de Gabinete y pedido a la presidenta madrileña que debe “aclarar” si el Ático en el que vive con du pareja ha sido pagado con recursos provenientes de un presunto fraude fiscal.
Las declaraciones se produjeron después de que el ex líder madrileño Juan Lobato ha entregado este viernes en el Tribunal Supremo su teléfono móvil y una copia del acta notarial en la que hace constar la remisión por parte de la jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López del correo electrónico con datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La entrega del dispositivo, cuyo contenido va a ser volcado en el alto tribunal, se ha producido tras advertir una de las acusaciones que existían discrepancias en el contenido del documento notarial, pues las capturas no seguían un orden cronológico, han señalado a este diario fuentes presentes en la declaración.
A pesar de aplazarse el calendario de primarias autonómicas para después del cónclave de este fin de semana en Sevilla, la siempre convulsa federación estalló con el pulso de su secretario general, Juan Lobato. Una bomba de relojería desactivada con su dimisión, pero que pone el foco más en los nombres que en las ideas. Todo lo contrario a lo que pretendía Sánchez, a quien además se le han multiplicado los frentes judiciales y señalamientos a personas de su núcleo duro, por lo que Alberto Núñez Feijóo ha redoblado su petición de dimisión y amenazado con una moción de censura.
La tormenta judicial que azota al Ejecutivo de Pedro Sánchez subió este miércoles de intensidad con la citación a declarar del hermano del presidente del Gobierno como investigado por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con su responsabilidad en el programa Opera Joven y por su designación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. En el Ejecutivo han salido en su defensa, vinculando su caso con el de Gómez por una supuesta persecución con fines políticos.