Es previsible que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu pretenda visitar a su aliado Donald Trump cuando este se convierta en presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Pero las rutas aéreas que conectan Israel y Estados Unidos atraviesan el espacio aéreo europeo. ¿Qué ocurriría si el aparato tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia? España, Francia o Alemania deberían detenerlo. Porque desde este jueves existe contra el premier israelí de 75 años una orden internacional de arresto que deben ejecutar los 124 países firmantes del Estatuto de Roma de 1998, que es la base legal de la Corte Penal Internacional (CPI).
Netanyahu está perseguido internacionalmente por presuntos delitos de enorme gravedad: el uso del hambre como arma de guerra contra los habitantes de Gaza (crimen de guerra) y crímenes contra la humanidad por presuntamente ordenar asesinatos deliberados de población civil, por la persecución por cuestiones de nacionalidad a los palestinos y por otros “actos inhumanos”. La Haya lista hechos como las amputaciones a niños pequeños sin anestesia por el bloqueo de la ayuda humanitaria y material médico de Israel hacia Gaza, entre otras atrocidades.
Por los mismos delitos se ha ordenado también la detención de su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra el líder palestino de Hamás, presuntamente fallecido, Mohamed Deif, por los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023. En Gaza han muerto ya más de 44.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y la Franja es ya inhabitable, según Naciones Unidas; y en Israel, los ataques de Hamás provocaron unas 1.400 muertes, sobre todo de civiles, además de más de 200 secuestros por parte de Hamás.
La decisión de la CPI es inédita: nunca antes el alto tribunal internacional había ordenado la detención del jefe de Gobierno de un país democrático y aliado de Estados Unidos. Pone a Netanyahu al nivel del presidente ruso Vladímir Putin, contra quien pesa también una orden de arresto por crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania. Anteriormente, la Corte emitió órdenes internacionales de arresto contra el presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir o el libio Muamar el Gadafi.
“Esta decisión es inédita y marca un antes y un después. Se trata del dirigente de un país que se presenta como democrático y ahora está acusado de crímenes de enorme gravedad”, valora Haizam Amirah Fernández, analista especializado en mundo árabe contemporáneo. “Es el momento de la verdad para países que han estado haciendo malabares diplomáticos y jurídicos en su apoyo incondicional al Estado de Israel, sobre todo Alemania”.
Dilema diplomático internacional
El Gobierno de Pedro Sánchez apunta a que, efectivamente, detendría a Netanyahu si pisara suelo nacional, aunque ha evitado decirlo explícitamente. “España respeta la decisión de la Corte Penal Internacional y cumplirá con sus compromisos y obligaciones en relación al Estatuto de Roma y el Derecho Internacional”, han asegurado fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. La noticia se ha conocido el mismo día en que se encontraba en Madrid el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, y parte de su gobierno para la primera reunión de alto nivel desde el reconocimiento de España del Estado de Palestina.
El mundo entra ahora en terreno diplomático desconocido. El todavía jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha instado a los países de la UE a que ejecuten la orden porque “es vinculante”. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha asegurado que su país cumplirá las decisiones de la CPI porque “es importante que todo el mundo respete la legislación internacional”, informa Reuters.
Holanda ha advertido de que “no establecerá contactos no esenciales” con el Gobierno israelí y “actuará de acuerdo con las órdenes de arresto”. Suiza ya ha confirmado que lo arrestará si entra en su territorio. Francia actuará “de acuerdo con los estatutos de la Corte Penal Internacional”, aunque el Ministerio de Exteriores no ha querido concretar si le detendrían, porque se trata de un “asunto legal complejo”. El primer ministro irlandés, Simon Harris, ha pedido a todos aquellos que puedan ayudar a la Corte a llevar a cabo su trabajo esencial que la apoyen “de forma urgente”. Los matices han venido de países como Italia, que respeta y “apoya a la CPI”, pero pide que “desempeñe un papel legal y no político”. Austria ha criticado la decisión de La Haya, si bien recuerda que es firmante del Estatuto de Roma y está obligada a implementar las órdenes de arresto. Todos podrían negarse a hacerlo, como fue el caso reciente de Mongolia con Putin o en el pasado de Sudáfrica con al-Bashir, pero sería de difícil justificación en democracias avanzadas.
Estados Unidos ha cargado contra la orden de arresto. La Administración Biden, que ha apoyado a Israel con armas y miles de millones de euros en ayuda militar para esta guerra, está llevando a cabo conversaciones con Tel Aviv para ver qué pasos dan ahora. Congresistas republicanos han pedido que se impongan sanciones a la Corte Penal Internacional y a sus miembros. El país americano no está adherido a la Corte, en parte para proteger a sus soldados de la persecución internacional, y en ese sentido no está obligado a ejecutar la orden. Asimismo, tampoco han firmado el Estatuto de Roma grandes países como China, Rusia o India.
Una decisión bajo presión
La Corte Penal Internacional ha tomado esta decisión sometida a mucha presión y tras casi medio año de deliberaciones, cuando el tiempo de decisión habitual para el medio centenar de órdenes similares emitido hasta ahora ha sido de una media de ocho semanas.
Un grupo de senadores republicanos envió una carta amenazando al fiscal general, Karim Khan, por su decisión el 20 de mayo de pedir esas órdenes de detención a La Haya. Una de las tres juezas de la Corte Preliminar que debía tomar la decisión dejó recientemente el cargo por “problemas de salud”. Y el tribunal ha ordenado una investigación independiente externa sobre las acusaciones de acoso sexual a una de sus empleadas por parte de Karim Khan. “Al final ha funcionado el mecanismo interno de la Corte Penal Internacional”, concluye Amirah Fernández. “Algunos dicen que no va a cambiar nada sobre el terreno de inmediato, y puede que sea cierto. Pero va a abrir las puertas a una avalancha de acciones legales en países donde hay Estado de derecho, utilizando estas órdenes de detención más la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la ocupación israelí de Palestina; también [a acciones legales] to governments for possible complicity in arms shipments, for example.”